Judicializar la política no es conveniente

Por Benito Ortega Hernández

En ninguna circunstancia, la impartición de justicia debe estar condicionada a vaivenes políticos, y menos quedar sujeta a intereses personales y de grupo, porque ello desvirtúa la efectividad en la aplicación de un verdadero Estado de Derecho, lo que a la postre crea el riesgo de que se rompa la paz social y haya inseguridad.

Las protestas, y posterior represión de miembros de la Barra de Abogados de Durango, para exigir la salida del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, apenas es un indicador de que las cosas no marchan bien en el Poder Judicial, lo cual genera desconfianza de que exista una real administración de la justicia, e incumplimiento en los principios de independencia, autonomía, igualdad e imparcialidad.

Fue muy criticado por parte de los litigantes, que Durango haya sido uno de los pocos estados en los que, por espacio de más de 3 meses, no se impartiera justicia, ni siquiera virtual, al cerrar los tribunales bajo el argumento del coronavirus. Y por más que trataron de convencer al Presidente del Tribunal, para que se abrieran los juzgados, nunca atendió las demandas.

Según la Barra de Abogados, el Presidente del Tribunal, es un Doctor en Derecho, “de cubículo”, ya que nunca litigó, y además ejerce el cargo jurisdiccional, con autoritarismo:  no cuenta con la mayoría de los 19 magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, y si acaso apenas 6 de los miembros le son incondicionales, por lo que carece de los consensos para coordinar las acciones del organismo.

Según los abogados colegiados que se han manifestado, Esteban Calderón adolece de manejo político en el Pleno, y en lugar de construir consensos, impone “su ley” de forma autoritaria, lo que afecta los procesos para dirimir los conflictos que se ventilan.

Y de acuerdo a versiones se han filtrado de lo que sucede al interior del Pleno, en lo que si hay un consenso mayoritario de los 19 Magistrados, es en el cambio del Presidente Magistrado, lo cual pudiera suceder en estos días, de acuerdo a lo que declaró Gustavo Gamero.

Además, fue un error de gobernabilidad, reprimir la manifestación de los abogados, que aunque pudieron rebasar los límites al incendiar un vehículo frente al Tribunal de Justicia, el haber detenido al dirigente de la Barra, Gustavo Gamero, sus dos hijos y otro miembro, exacerbó los ánimos, y dejó un mal sabor de boca en la sociedad.

Hay ejemplos claros en anteriores gobiernos estatales, en que se evidenció que la represión no es correcta en un estado democrático: la detención de Octaviano Rendón fue considerada como uno de los errores estratégicos de la pasada administración, junto con la acción similar que se ejecutó en contra de miembros de la CNTE, durante una manifestación.

Lo que sucedió la semana pasada con los miembros de la Barra de Abogados, además de generar inconformidad e incertidumbre en la sociedad, evidenció una vez más la inconveniencia de judicializar la política, y menos en un tema tan importante, como es la impartición de la justicia.

Solamente por la vía del diálogo y la conciliación es como se logran construir los acuerdos para tomar decisiones importantes, como sería el caso de la administración de la justicia en Durango, que está duramente cuestionada por los profesionales Derecho, que son los que llevan el pulso de lo que sucede, por el diario ajetreo que practican en los tribunales.

Esteban Calderón, en lugar de dialogar con quienes piden su cabeza para tratar de llegar a un acuerdo, parece ignorarlos. La represión fortaleció a los litigantes, que ahora no quitan el dedo del renglón para que se lleve a cabo el cambio en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y ya se reunieron con la comisión que se creó para atender la demanda, conformada incluso por diputados.

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