Propone Diputada suspender cobro de refrendo en transporte público

Muchas familias se han visto afectadas por la disminución de la movilidad: Dip. Sonia Catalina Mercado 

La iniciativa de reforma a la Ley Hacienda del Estado tiene por objetivo asegurar que se suspenda el cobro de refrendo a quienes prestan el servicio de transporte público, para el año fiscal 2021, como una medida de apoyar la economía de muchas familias duranguenses que se han visto afectadas por la disminución de la movilidad, resaltó la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos.

“Planear con anticipación y con empatía es también una necesidad, por ello esperamos el avance y éxito de nuestra propuesta a fin de que la crisis sea menos dura para quienes a diario transportan a cientos y miles de personas a sus hogares y lugares de trabajo”, comentó al realizar la ampliación de motivos.

En este sentido, explicó que, de aprobarse la propuesta con antelación a la presentación de la iniciativa del Paquete Económico por parte del Poder Ejecutivo, se podría prever lo necesario para estar armonizado con la suspensión de dicho cobro en 2021.

“Es innegable que la afectación económica en nuestro estado es grande; en términos económicos y sociales el aislamiento preventivo ha dejado ver consecuencias importantes en las poblaciones con condiciones de informalidad, vulnerabilidad y mayor pobreza, amén del cierre de empresas y negocios, y la agudización de la problemática del servicio público de transporte”, consideró Mercado Gallegos.

Al respecto, agregó que el primer Informe Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19, reconoce  que los Estados deben asumir actividades de planificación que generen condiciones para sostener y estimular la economía, por lo que se requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades instaladas.

“Las medidas para hacer frente a la nueva normalidad, han buscado asegurar la protección de la vida y la salud de las personas, lo cual es completamente justificado y prioritario, pero tampoco podemos olvidar la dura realidad de los daños económicos sufridos por amplios sectores de la población, entre los cuales se encuentran los transportistas”, finalizó.