Se resisten sindicatos a la democratización

Por Benito Ortega Hernández

Con más de un siglo de injusticias laborales, causadas por un burocrático, deficiente y corrupto sistema de impartición de justicia, parece que ahora si empezará la certidumbre jurídica que dirima las controversias entre patrones y trabajadores, con la desaparición de las nefastas Juntas de Conciliación y Arbitraje, y la anhelada, y ahora obligada democratización sindical.

Aunque las enmiendas constitucionales, tanto federal como estatal, ya tienen más de año en haber sido aprobadas y promulgadas, apenas en este 2020, a partir de noviembre, en el caso de Durango y otros 7 estados, empezarán a instrumentarse los cambios, de tal manera que se termine con un decrépito y corrupto aparato burocrático que existe en la impartición de justicia laboral.

Sin embargo, de los poco más de 450 sindicatos que hay en Durango, según declaración en un canal de televisión local, del Secretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado, solamente 4 han llevado a cabo acciones para cumplir con los cambios que estipula la nueva normatividad, conforme a las reformas constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo.

La Junta local de Conciliación y Arbitraje, ya no atenderá, a partir de noviembre próximo, las denuncias que por incumplimiento a la ley, surjan entre empleadores y sus trabajadores, las cuales serán competencia de juzgados en material laboral, dependientes del Poder Judicial.

De acuerdo a las modificaciones legales, se crea órgano jurisdiccional de conciliación y registro laboral, que en etapa previa a los juicios, tratará de propiciar que haya arreglos en las controversias que sean planteada, producto de presuntas violaciones a la Ley.

En el caso de Durango, la Junta local de Conciliación y Arbitraje, funcionará hasta que termine con el rezago de los cientos de casos que llevan meses y hasta años, en los que nunca hubo acuerdos entre las partes en conflicto, y lo cual refleja la deficiente impartición de justicia que ha operado impunemente durante décadas.

En los tribunales y juzgados laborales, que ahora dependerán del Poder Judicial, se llevarán a cabo de manera ágil, moderna, oportuna y expedita, al menos así está en teoría, los juicios orales en los que no hayan podido llegar a conciliación previa, las partes en conflicto. E incluso se garantiza la presencia de un juez, con lo que se pretende que en máximo 6 meses, se den las resoluciones.

Hasta ahora, los litigios laborales se desarrollaban con lentitud y opacidad en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las disputas duraban años, y en muchas de las ocasiones pasaban a formar parte del rezago, o eran “resueltas” hasta que los mediadores lo decidían de forma irregular y hasta unilateral, situación que inhibía las denuncias.

Con el nuevo marco jurídico, que cambiará totalmente la manera de impartir justicia en los conflictos que surjan entre los actores de la producción, quedarán atrás las injusticias que han sufrido impunemente, sobre todo, la clase trabajadora. Al menos eso es lo que ofrecen, previo a su implementación, las autoridades responsables.

Como parte de los cambios, los sindicatos están obligados a erradicar los ancestrales vicios, por llamarles lo menos, que les han caracterizado: deberán ser transparentes, tanto en la rendición de cuentas, como en las formas para elegir a sus dirigentes y tomar decisiones en torno al contenido y manejo de los Contratos Colectivos de Trabajo, que regulan las relaciones obrero-patronales.

Los sindicalizados sabrán la cuantía y destino de los recursos generados por las cuotas que paguen. Hasta ahora, lo único que se han generado, son líderes enriquecidos y empoderados políticamente, al no estar obligados a dar cuentas de nada.

Las elecciones internas, y decisiones colectivas, deberán ser por el voto personal secreto, libre y directo, y no mediante asambleas arregladas en las que se levantaba la mano para definirlo. El Centro de Registro Laboral, vigilará que se cumplan los nuevos ordenamientos, so pena, de aquellos sindicatos que no lo hagan, de sancionarlos, hasta incluso, quitarles su registro.

Y aunque hay el compromiso de las Confederaciones como la CTM, FTSE, CROC y Catem, entre otras, de llevar a cabo la transformación de sus sindicatos afiliados, hasta ahora, a menos de dos meses de que se inicie formalmente con las nuevas reglas, hay resistencia a la democratización.

Aún faltan las leyes secundarias que reglamentarán la ejecución de los cambios, y que incluirá a los sindicatos que afilian a trabajadores al servicio del estado, como son los magisteriales y de burócratas. Los trabajadores tienen la palabra para exigir el cumplimiento, y las autoridades para vigilar la ejecución.

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